Los Presupuestos del Gobierno: más recortes, más injusticia y más paro

El Gobierno persiste en el error con la aprobación, hoy en el Consejo de Ministros, de unos Presupuestos Generales del Estado que provocarán más contracción económica, más paro y más regresión social. La prioridad del Gobierno sigue siendo el déficit, no el empleo (ha reconocido que este año se perderán 630.000 empleos más). Y eso a pesar de que los ciudadanos han expresado, de manera contundente, su rechazo a la demolición de derechos sociales y laborales que supone la reforma laboral y las políticas de recortes y ajustes. UGT exige al Gobierno que rectifique esta política, que deje de despreciar el diálogo social y busque políticas consensuadas más justas y equitativas para superar esta crisis. En este sentido, exige al Gobierno la apertura de un proceso de negociaciones para modificar, profundamente, la reforma laboral y la elaboración de un Pacto por el Empleo que incluya un cambio de la política impuesta, tal y como han reclamado los ciudadanos en las calles el día 29-M de manera democrática y contundente. El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012 aprobado por el Consejo de Ministros refleja la persistencia en el error de unas políticas que están conduciendo a nuestro país a un empobrecimiento generalizado, y que están generando más paro y peores condiciones de vida. Sus medidas suponen el sacrificio de la capacidad de desarrollo económico y la calidad de vida de las personas para contentar a los mercados financieros y a quienes con ellos se enriquecen. En resumen: contracción económica y regresión social. A eso conducen los importantes recortes de inversión y de gastos de funcionamiento básico de los Departamentos Ministeriales, la congelación de las rentas de los trabajadores públicos y de su empleo, la pérdida de poder adquisitivo de los que perderán pensionistas y la restricción de servicios públicos que se proponen. En materia de ingresos, se incluyen en un Real Decreto Ley modificaciones tributarias con el objetivo de aumentar la recaudación, destacando las realizadas en el Impuesto sobre Sociedades: una “amnistía fiscal”, –regularización, se dice eufemísticamente-, el establecimiento de criterios más estrictos para la aplicación de algunas deducciones, o un nuevo régimen para repatriación de dividendos, entre otras. También se aumentan algunos impuestos indirectos, como el del tabaco, y tasas. En conjunto, medidas que en absoluto bastan para reducir la injusticia de nuestro sistema tributario, que no cumple los mínimos exigibles constitucionalmente de suficiencia en la recaudación, equidad en el trato y progresividad en sus resultados. El objetivo es el déficit, caiga quien caiga. Una estrategia interesada, simplista y profundamente errónea. Uno de los efectos más nítidamente negativos de la misma se recoge en el escenario económico previsto por el propio Gobierno: 630.000 empleos menos para 2012, es decir, mucho más paro. Curioso planteamiento para el país con la tasa de paro más elevada de UE y de toda la OCDE. Es evidente pues que, para este Gobierno, el empleo no importa. Es muy ilustrativo y difícilmente justificable, por ejemplo, que se reduzca el gasto dedicado a las políticas activas de empleo en 1.500 millones. El resto de efectos perjudiciales se irán haciendo visibles en el corto plazo y se prolongarán durante años, si no se endereza este rumbo suicida de la política económica española y europea. Los Presupuestos ahora aprobados deben contemplarse además de forma conjunta con las medidas que ya fueron adoptadas por el “Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público”, y que iniciaron una vía de recortes muy nociva para nuestra economía y regresiva en lo social (congelación del sueldo de los empleados públicos, congelación del salario mínimo y del IPREM, congelación de los recursos destinados a la dependencia, supresión de la renta de emancipación para los jóvenes, aumento del impuesto de los bienes inmuebles, entre muchas medidas). Por todo ello, desde UGT expresamos nuestro rechazo sin paliativos a esta estrategia política contenida en los Presupuestos que se han aprobado hoy y en las medidas aprobadas desde finales de diciembre del pasado año. El mismo rechazo contundente que ha mostrado de forma masiva la sociedad española. Porque los ciudadanos han expresado ayer alto y claro su rotundo rechazo a la demolición laboral y a la política de recortes que está llevando a cabo el Gobierno del PP. El éxito de la huelga general y las masivas manifestaciones que se celebraron en toda España, unidas al castigo electoral que ha recibido el PP en los comicios de Andalucía y Asturias, obligarían a cualquier Gobierno con un mínimo de sensibilidad democrática a replantearse su acción política. El Gobierno tiene toda la legitimidad democrática de las urnas. Pero eso no justifica que durante su mandato actúe sordo, ciego y henchido de soberbia. El mensaje de los ciudadanos ha sido claro: no están dispuestos a soportar más unas políticas injustas e ineficaces que suponen sacrificios estériles, menos empleo y más paro, una reducción de nuestro grado y capacidad de desarrollo y recortes de derechos sociales y laborales. Unas políticas que también están desarrollando la mayoría de las CCAA y Ayuntamientos, afectando a servicios sociales básicos como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia. Con todo, lo más inquietante es que el despropósito que propone el Gobierno para 2012 no es el punto de llegada del ajuste y el paro, sino tan sólo un punto intermedio. Porque en 2013 habrá que realizar un ajuste de otros 25.000 millones de euros para alcanzar el 3% de déficit comprometido con la Unión Europea. Por eso es legítimo preguntar ya al Sr, Rajoy y a su Gobierno de dónde piensan recortar el próximo año, si con el ajuste de 2012 nuestra economía va a quedar absolutamente depauperada. De dónde piensa detraer esos 25.000 millones de euros adicionales una vez que haya llevado a la economía a la depresión y haya alcanzado el número de parados más elevado de su Historia, 6 millones de personas según sus propias previsiones. Por último, es preciso denunciar la falta total no sólo de diálogo, sino de información, por parte del Gobierno en la elaboración de estos Presupuestos. No ha existido la reunión preceptiva con los interlocutores sociales para entregarnos el anteproyecto de Presupuestos Generales. Y en el caso de los Presupuestos de organismos clave para la política de empleo, como el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las organizaciones sindicales hemos sido convocadas a los Órganos de participación respectivos para hoy mismo, es decir, para el mismo día en el que los PGE iban a ser aprobados por el Consejo de Ministros, y en consecuencia sin margen para hacer cambio alguno. Y sin enviar información previa. Es, sin duda, una burla al diálogo social que no vamos a alimentar, por lo que no hemos asistido a esas reuniones que el Ejecutivo tan solo quiere para hacerse la foto y seguir mintiendo para intentar falsear ante la sociedad su nulo interés por la concertación y el diálogo. Una burla que también se puso de manifiesto en la convocatoria de la Mesa de la Función Pública para el 28 de marzo, un día antes de la huelga general, cuando desde las organizaciones sindicales en la Función Pública habíamos solicitado hace tiempo su convocatoria para abordar precisamente un proceso de negociación serio sobre los Presupuestos referidos al sector público. El desprecio por el diálogo y la concertación se está convirtiendo en una de las señas de identidad de este Ejecutivo, puesto que es un comportamiento inédito en nuestra reciente etapa democrática. Nunca un gobierno había actuado con tanto desprecio por el papel constitucional que tienen asignado en nuestro país los interlocutores sociales. Frente a esta estrategia empobrecedora que nos empuja al abismo, UGT viene proponiendo, de forma conjunta con CCOO, medidas alternativas, que son absolutamente realistas y realizables. Medidas que promueven una salida más justa de la crisis, que impulsan una actividad empresarial dinámica, sostenible y respetuosa con los derechos laborales, y que promueven una política fiscal más justa y equilibrada, que eleva la capacidad recaudatoria como condición imprescindible para acometer una disminución progresiva del déficit público en plazos compatibles con la reactivación económica y la creación de empleo. Unas políticas sensatas, que ponen en primer término los problemas reales de los ciudadanos, y en especial el empleo. Por eso desde UGT exigimos al Gobierno la apertura de un proceso de negociaciones para abordar la modificación de la reforma laboral y la elaboración de un Pacto por el Empleo que incluya necesariamente un cambio de la política económica realizada, tal y como han reclamado los ciudadanos en las calles en el día de ayer de manera democrática y contundente.